El
sector agrícola se encuentra fuertemente afectado al momento de adquirir créditos
para gestionar su labor productiva, especialmente para el pequeño y mediano
productor. La mayoría de las entidades formales dedicadas a este tipo de
actividades prefieren suministrar créditos a los grandes productores agrícolas dado
que poseen garantía de respuesta, considerando así a los pequeños productores agrícolas
como un mercado menos atractivo y éstos en su mayoría no poseen requisitos
formales exigidos por las entidades financieras como títulos de propiedad de la
tierra por ejemplo.
Los
pequeños agricultores acuden a fuentes de
financiamiento informales o prestamistas porque les resulta más provechoso debido
a la facilidad y la carencia de gestiones burocráticas; sin embargo; estos últimos
son bastante onerosos por las altas tasas de interés en la cual deben incurrir
lo que resulta costoso para el productor.
De
acuerdo a la segunda parte del estudio realizado por los profesores Ismaira
Contreras y José Olivares concluyen que la mayoría de los préstamos solicitados
por los productores a los prestamistas corresponden a microcréditos que oscilan
entre los Mil Bolívares (Bs.1000,00) hasta los Cinco Mil Bolívares (Bs.
5.000,00) y son utilizados para cubrir deficiencias económicas relacionadas al
capital de trabajo.
El
estado y sus políticas productivas y económicas podrían tomar en cuenta las
deficiencias y vacios del sistema para mejorarlo, brindándole incentivo y
oportunidad de crecimiento a través de la facilidad de gestión de
financiamiento externo para los pequeños y medianos productores agrícolas, que
con recursos y asesoría podrían mejorar considerablemente a mediano y largo
plazo, generando un mejor rendimiento al productor manteniendo de esta forma la
productividad agrícola de la región, incentivando el motor productivo de la nación
y garantizando la seguridad alimentaria.